Procedimiento monitorio en la jurisdicción social

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El procedimiento monitorio laboral permite reclamar al empresario/a cantidades que no excedan de 6.000 euros

Requisitos:

Para acudir a este procedimiento es necesario:

1. Que los tribunales españoles sean competentes para conocer esta reclamación, esto es:
   • Cuando los servicios se hayan prestado en España o el contrato se haya celebrado en territorio español.
   • Cuando el demandado/a tenga su domicilio en territorio español o una agencia, sucursal, delegación o cualquier otra representación en España.
   • Cuando el trabajador/a y el empresario/a tengan nacionalidad española, cualquiera que sea el lugar de prestación de los servicios o de celebración del contrato.
   • En el caso de contrato de embarque, si el contrato fue precedido de oferta recibida en España por trabajador/a español/a.
2. Que el empresario/a no se encuentre en situación de concurso, y se faciliten datos completos de su domicilio u otros que permitan su localización de forma que sea posible notificarle la reclamación mediante correo certificado o entrega personal. Por lo tanto, no es posible presentar este tipo de demandas si el domicilio del empresario/a (persona física o jurídica) es desconocido.
3. Que la reclamación se refiera a cantidades vencidas, exigibles, de cuantía determinada, que no excedan de 6.000 euros. No pueden reclamarse mediante este procedimiento, por ejemplo:
   • Las cantidades que, aún derivadas del contrato de trabajo como pagos de beneficios, comisiones, objetivos... todavía no se hayan liquidado.
   • Indemnizaciones por accidentes de trabajo, movilidad geográfica, modificación sustancial en las condiciones de trabajo…
   • Indemnizaciones por despido.
4. Que se haya intentado previamente la conciliación o mediación si son exigibles.

Presentación de la reclamación:

La demanda o escrito inicial deberá dirigirse telemáticamente o presentarse, a elección del trabajador/a, en el Juzgado de lo Social del lugar donde se presten los servicios o en el del domicilio del empresario/a.

Si los servicios se prestan en distintos lugares, el trabajador/a podrá elegir entre aquél en el que tenga su domicilio, el del contrato, si hallándose en él, el demandado/a pudiera ser requerido/a, o el del domicilio del empresario/a.

Cuando el empresario/a sea una Administración pública, el trabajador/a puede elegir entre el del lugar de prestación de los servicios o el de su domicilio.

La demanda o escrito inicial tiene que contener necesariamente la siguiente información:

• Identidad completa y precisa del trabajador/a y del empresario/a deudor/a, que debe incluir los datos de identificación fiscal, domicilio y demás datos de localización, y comunicación.
• Expresión detallada de la reclamación, que incluya de forma desglosada los conceptos, períodos y cuantías.

A la demanda se debe acompañar:

• Copia del contrato, recibos de salarios, comunicación empresarial o reconocimiento de deuda, certificado o documento de cotización o informe de vida laboral y otros documentos análogos de los que resulte un principio de prueba de la existencia de la relación laboral y de la cuantía de la deuda.
• Justificación de que se ha intentado la previa conciliación o mediación, si son exigibles.

El procedimiento:

Tras la presentación de la demanda o escrito inicial con los requisitos y condiciones legales, el Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social requerirá al empresario/a para que, en el plazo de diez días:

• Pague al trabajador/a, acreditándolo ante el juzgado,
• O comparezca ante este y alegue sucintamente las razones por las que a su entender, no debe, en todo o en parte, la cantidad reclamada.

De este requerimiento se da traslado al Fondo de Garantía Salarial.

Cuando haya transcurrido ese plazo:

• Si se ha abonado o consignado el total importe, se entregará la cantidad al trabajador/a solicitante y se archivará el proceso.
• Si no se paga ni consigna, y tampoco se presenta oposición (ni el trabajador/a o el Fondo de Garantía Salarial), el Letrado/a de la Administración de Justicia dictará decreto dando por terminado el proceso monitorio y lo comunicará al/a la trabajador/a demandante para que solicite la ejecución
• Si el empresario/a se opone a la reclamación, se comunicará al/a la trabajador/a demandante para que, si le interesa, en los cuatro días siguientes pueda presentar una demanda, ante el Juzgado de lo Social. Si la oposición es solo respecto a una parte de la cantidad demandada, el trabajador/a puede solicitar del juzgado que se dicte auto acogiendo la reclamación en cuanto a las cantidades reconocidas o no impugnadas. Tras dictarse este Auto, el trabajador/a podrá solicitar la ejecución.
• Cuando no haya sido posible hacer el requerimiento al empresario/a en el domicilio indicado, no es posible continuar el procedimiento monitorio laboral. En este caso se comunicará al/a la trabajador/a demandante para que, si le interesa, pueda presentar demanda en el mismo plazo de cuatro días.

El procedimiento monitorio social está regulado en el art. 101 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social